Levin publica lista de jueces tras orden del Tribunal Superior

El ministro de Justicia, Yariv Levin, publicó el jueves 5 de junio de 2026 una lista de dieciocho jueces candidatos para los tribunales de distrito de Beer Sheva y Haifa, una medida que cumple parcialmente con una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le exigía convocar el Comité de Selección Judicial.

La lista, difundida a través del director de los tribunales, Tzachi Uziel, incluye jueces de paz propuestos para ascender a los tribunales de distrito. Para el tribunal de Haifa, los candidatos son Rafi Arania, Tami Levy, Malka Spenzy-Shnior, Hadas Schechter-Israel, Michal Berliner Levy, Sigalit Matza, Nasrin Adwi, Ramzi Hadid, Amir Salame y Tal Paperni. En Beer Sheva, los nominados son Yaniv Booker, Ido Kafkapi, Shoshana Sheetrit, Dov Gottlieb, Zvi Forer, Noga Shmueli-Maier, Mira Dahan y Rotem Kudler Ayyash. Esta publicación abre un período de 45 días para objeciones públicas antes de la reunión del comité.

La acción de Levin se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia (Bagatz) emitiera un fallo unánime que le obligaba a convocar el Comité de Selección Judicial, un órgano fundamental para la designación de magistrados en Israel, que había permanecido inactivo durante un año y medio. Este comité está compuesto por nueve miembros: tres jueces del Tribunal Superior (incluido su presidente), dos ministros (uno de ellos el de Justicia, quien lo preside), dos miembros de la Knesset y dos representantes del Colegio de Abogados. La controversia sobre la composición y el funcionamiento de este comité ha sido un eje central de la propuesta de reforma judicial impulsada por el gobierno, con el Ministro Levin buscando un mayor control del poder ejecutivo sobre la selección de jueces, una medida que ha generado fuerte oposición dentro del sistema judicial y la sociedad civil israelí.

Aunque Levin ha cumplido formalmente con la orden judicial al publicar la lista, su decisión de limitar los nombramientos solo a Beer Sheva y Haifa, pese a que la sentencia exigía una convocatoria más amplia del comité para todo el país, subraya la persistente tensión entre los poderes ejecutivo y judicial. El Ministro de Justicia calificó la decisión del Tribunal Superior de “ilegal” y una “invasión” de la autoridad del comité, una retórica que refleja la confrontación ideológica entre el gobierno y la judicatura. Esta postura calculada podría interpretarse como una señal de que la disputa por el equilibrio de poder en la selección judicial está lejos de resolverse.

El futuro de estos nombramientos y de otras vacantes judiciales permanece incierto, especialmente ante la posibilidad de que unas elecciones anticipadas puedan disolver la Knesset y posponer nuevamente la sesión del Comité de Selección Judicial. El proceso de objeciones públicas de 45 días determinará los siguientes pasos antes de que Levin deba convocar al comité para la votación final.